Ante el Presidente del Congreso de los Diputados
El coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés acusa formalmente al rey Juan Carlos I de graves delitos

*AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES
ESPAÑOLAS:

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador
militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que
dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo
siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el
artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa
Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40
páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de
febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista
del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte
años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que
el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación,
coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la
creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el
artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con
los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable
episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades
(políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el
monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F
al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía
dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo
en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a
los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al
presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor
Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas
instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las
autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente
incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó
recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al
mismo.

Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los
presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después,
con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el
mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que
investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido
en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía
el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de
plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía
difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos
años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la
democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el
golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los
Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a
las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar
recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que
lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he
decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en
forma de libro (”Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un
extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después
de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del
23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas,
militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su
juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas
de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no
deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la
historia. Como los que relaciono a continuación:

1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de
toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares
cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran,
organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra
político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con
determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar
el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe
militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería
abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria
entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados,
poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.

2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o
grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de
Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA,
saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y
usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de
asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la
autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas,
el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios
secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles
españoles y mercenarios extranjeros.

3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su
familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo
sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando
substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y
su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su
fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en
España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la
importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de
pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.

4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar
como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de
empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la
reconquista de Kuwait…)

5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes
y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que
hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años
de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha
costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas,
pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y
Ministerio del Interior.

6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por
él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de
1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia
General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva
en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en
el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español)
mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han
sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su
hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón.
Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el
conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de
España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono
saltándose a su propio padre.

En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el
más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta
una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de
Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo
fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado
ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el
homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.

De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que
recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se
presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales,
por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor
informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin
atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador
militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad
en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por
otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido
en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por
autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás
poderes del Estado han “callado y otorgado”.

En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la
voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una
nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los
Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de
la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces
solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e
investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los
hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en
realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos,
al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno
legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que
el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a
través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos
expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un
secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años
ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores
fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido
desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de
particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados
persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los
ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada
vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos
sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa
Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo
de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia
dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un
fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas
dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por
la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano
español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es
preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e
interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre
aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza,
con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del
tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que
encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto
el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a
las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella
época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de
inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército
español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo
tanto a las leyes penales castrenses.

Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda
seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del
actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de
este país.

Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos
delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado
como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General
Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está
dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su
correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le
reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados,
investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión
parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda
debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía
popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo
judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes
cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues
no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya
figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la
democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en
ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la
angelical teoría oficial, nos salvó a todos.

Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió
su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que
contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos
acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona
sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a
responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante
los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre
unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él
ejerció el papel de protagonista absoluto.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa
Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis
denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como
si estuvieran formuladas contra él históricamente preclaro e insigne Alfonso
X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y
ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado
español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este
historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado
y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su
partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército
profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado
moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática
que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal
Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento
jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella”
Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros,
presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa
humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de
los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben
contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos
I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su
momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.

Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una
amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo
representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como
una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su
vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y
sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una
Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.

España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre
de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su
delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento,
golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.

Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en
septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008